La plantilla de investigadores, técnicos y personal de gestión del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) afronta estos días el temor de tener que perder sus puestos de trabajo o, en el mejor de los casos, ver empeorar sus condiciones laborales debido a la crítica situación económica de su empleador. Los drásticos recortes en las subvenciones recibidas de la Conselleria de Sanitat, principalmente, abocan a este Centro a graves problemas de endeudamiento y tesorería, incompatibles con el mantenimiento de sus actuales costes de personal.
Pero, el impacto negativo de esta disminución de ingresos tan importante podría haberse reducido si, en estos dos o tres últimos años, los gestores de este Centro hubiesen actuado responsablemente. Es importante que el ciudadano, que ha gastado su dinero en este Centro y legítimamente puede ahora pensar que lo ha gastado inútilmente, sepa que los primeros gestores del CIPF (el político y las dos del circuito de carreras) sabían hacía mucho tiempo (al menos desde 2007 o 2008) que estos recortes iban a producirse y que los científicos que, desde 2010, les sucedieron al frente del Centro recibieron este anuncio con tiempo de antelación.
Sin embargo, ni los primeros ni los segundos hiceron nada, no hubo por su parte ninguna acción para adaptarse a la nueva realidad económica que se les venía encima. La trinidad gestora de los primeros años, pese a las dificultades que sabía que vendrían, siguió gastando como si nada en sus salas blancas, en su fallido ERP, en sus crecientes costes de personal,... Y los científicos que, posteriormente, se hicieron cargo de este Centro no tomaron ninguna decisión de control o reducción del gasto, como si no fuese su problema.
Esta inacción ha sido, sin duda, la puntilla que ha acabado con las pocas opciones de supervivencia del Centro. El daño a la institución y a sus personas hubiera sido menor u otro si, hace dos o tres años, hubiesen empezado los ajustes. Al no hacerlo, el problema económico se ha ido volviendo cada vez mayor y, por tanto, el ajuste ahora debe ser más duro, más doloroso... porque debe afectar a mayor número de personas.
Ahora tocaría que los afectados pidiesen cuentas a todos estos gestores por su proceder negligente e irresponsable.
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